Alternativa Republicana valora negativamente la sentencia del caso Noos

“Afortunadamente vivimos en un Estado de derecho, y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La Justicia es igual para todos”

Discurso de navidad 2011 del rey emérito.

Se trata de una argumentación tan repetida como falsa: Basta con leer la Constitución –Art. 56.3– donde queda meridianamente  claro que el rey es inviolable y no está sujeto a responsabilidad penal alguna. Pero los privilegiados no acaban con la figura del rey, hay más. Los miembros de la familia real, tienen también el privilegio de poder responder a un interrogatorio por escrito, en el caso de que hubiesen sido llamados a declarar como testigos y no como imputados, como queda reflejado en el artículo 411 de la ley de enjuiciamiento criminal.

Estos privilegios propios de una sociedad medieval y no del siglo XXI, son una realidad en nuestro país porque no somos ciudadanos, sino súbditos de su majestad, el mismo que jamás juró o prometió cumplir la Constitución del 78 que él mismo sancionó, porque años atrás dijo ante las Cortes franquistas al asumir la jefatura del Estado: “Juro por Dios y sobre los Santos Evangelios, cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales del Reino y guardar lealtad a los principios que informan el Movimiento Nacional.

Sin embargo, a pesar de todo,  entre los ciudadanos que no dudamos del sentido literal de las palabras de Juan Carlos I, de los que creemos que la justicia si debe ser igual para todos, estaba un juez con un elevado sentido del deber como José Castro. Día a día, y pese a no pocos impedimentos, fue construyendo los argumentos de una imputación sobre dos presuntos delitos fiscales de los que hoy ha dado cuenta la infanta Cristina de Borbón y su marido Iñaki de Urdangarín.

Lamentablemente la justicia no ha sido igual para todos y la Audiencia de Palma, en su sentencia, ha impuesto a la hermana del rey únicamente la sanción de multa de 265.000 euros absolviéndola de los delitos de dos delitos fiscales en grado de cooperadora como copropietaria de la empresa con la que Urdangarín defraudó 337.000 euros a la Hacienda Pública durante dos ejercicios (2007 y 2008). Su marido, sin embargo si ha resultado ser culpable, con una condena de seis años y tres meses de cárcel, muy inferior a la pena solicitada por el fiscal de 19 años y medio de cárcel. Al final, la estrategia de defensa de la infanta basada en hacerse la esposa “tonta” y enamorada ha surtido efecto.

La sociedad española constata una vez más que el entramado corrupto de la monarquía española sale bien parado pese a las abrumadoras evidencias de que la familia real se sirve de su posición para mantener unos ingresos incontrolados a cambio de favores personales y empresariales. El cambio de régimen se hace cada vez más necesario ante una monarquía ilegítima por ser heredera del franquismo y enfangada en escándalos de corrupción que afectan a varios de sus miembros.

¡Basta ya de monarquia corrupta!

¡República YA!