40 años de Constitución, 40 años de impunidad.

Carta pública a las Cortes Generales y Gobierno de España aprobada en el 4º Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Ví­ctimas del Franquismo celebrado el sábado 24 de noviembre en Madrid a la que se adhiere Alternativa Republicana.

A estas alturas del siglo XXI ya todos conocen que las víctimas del franquismo sufren un abandono crónico y que son muy escasas las normas estatales que han visto la luz con la finalidad de reconocer los derechos que se merecen por aplicación de la Constitución de 1978, de las diversas normas de Derecho Internacional y del conjunto del ordenamiento jurídico.

Precisamente, está muy próxima la fecha en la que se celebrarán los cuarenta años desde la aprobación de la Constitución Española y el transcurso de estas cuatro décadas no ha servido para que las víctimas del franquismo hayan tenido el más mínimo reconocimiento ni por el Gobierno de España ni por el Parlamento español.

Otros colectivos de víctimas han venido disfrutando de todo un abanico de derechos y ventajas consagrados en diversas leyes. Así, las víctimas del terrorismo, las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, los menores y las víctimas de delitos sobre la mujer. Para cerrar este círculo legislativo, hace tres años que el Parlamento aprobó la Ley 4/2015 que establece el Estatuto Jurídico de la Víctima para amparar a toda persona que sea víctima de un delito, es decir, que cualquier víctima de un delito recibe la asistencia de nuestro Estado con la finalidad de paliar su situación en la medida de lo posible. Esta Ley ha venido a regular una materia que la propia Unión Europea había requerido a España en diversas ocasiones.

Por el contrario, las víctimas del franquismo nunca han tenido la condición jurídica de víctimas de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico. Esto se debe a que no se ha hecho justicia o, lo que es lo mismo, nunca se ha instruido un proceso penal contra los criminales franquistas que haya finalizado con la condena de los mismos.

En atención a lo anterior, se hace imperiosamente necesaria la aprobación de una norma jurídica con rango legal que otorgue a todas las víctimas del franquismo la condición jurídica equivalente a las demás víctimas de cualquier delito. Si bien esto no supone una renuncia al principio de Justica consagrado por el Derecho Internacional, la aprobación de la Ley de Víctimas del Franquismo vendrá a paliar la situación tan desfavorecida en la que se encuentran inmersas desde el inicio del régimen del 78.

Por consiguiente, hacemos un llamamiento a todos los Diputados y Senadores, a los partidos políticos con representación parlamentaria y al Gobierno de España para que procedan dentro de la actual legislatura, a la convocatoria sin mas demora, de un Pleno Extraordinario en el que se acuerde poner fin a la impunidad del franquismo, acordando la ratificación de la “Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad”, y tramitar y aprobar una Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Franquismo que reconozca a la víctimas del franquismo como víctimas de delitos de lesa humanidad, con todo lo que ello supone, y se garanticen, en consecuencia, los principios consagrados por el Derecho Internacional de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición, dejando sin efecto toda aquella legislación que impide su efectivo cumplimiento.

En Madrid, a 24 de noviembre de 2018.

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