El fin de la corona

La corona española se encuentra inmersa en un irremediable proceso de descomposición. Como ciudadanos que desde muchas generaciones atrás vienen sufriendo este caduco sistema de gobierno, los españoles son los encargados de enterrar, de una vez por todas, esta abyecta institución. Del rey actual, el autodenominado Juan Carlos I de España, no cabe esperar ninguna voluntad de abdicación. Carece de la mínima dignidad que debe tener un hombre de Estado para dar ese paso. En su nombre, todas las instituciones de la corona, en especial la corrupta Justicia española, actúan persiguiendo y reprimiendo a todos los que levantan su voz contra el rey.

No hay duda de que aún quedan muchos prejuicios, inevitablemente heredados de la misma dictadura que impuso en España la monarquía, que hacen creer a la población española que la desaparición del rey provocaría inevitablemente una situación de caos y trauma social. El caos y el trauma social ya los tenemos ahora aquí. Esta caótica situación que vivimos, en la que se está despojando al pueblo español de todos sus derechos y, lo que es peor, de sus medios de vida, no es otra cosa que la lenta agonía de la monarquía. Una agonía que, como la de todas las instituciones caducas, provoca incertidumbre, miedo y sufrimiento social. No obstante, hay que dejar claro que la desaparición de la monarquía española sería solamente uno de los muchos pasos necesarios para que la situación se normalizara. También debe ser el primero, por constituirse la corona como el principal símbolo de amparo para la corrupción que impera en este país.

Sobran razones para la desaparición de la monarquía española –un infecto nido de parásitos codiciosos, delincuentes protegidos, estafadores de dinero público y cazadores descerebrados- y estas han sido ya extensamente expuestas por numerosos ciudadanos españoles: escritores, periodistas, intelectuales de muy diversas ideologías, actores y hasta militares. Lo que los ciudadanos españoles están empezando a entender es que su rey no sería solamente el responsable último de todas las torturas que se cometan en el Estado español. Su condición de jefe supremo de la nación hace al rey ser también el responsable de la brutal represión con que la policía aplasta los derechos civiles y políticos de los españoles; el responsable de todas las detenciones ilegales que -siguiendo las costumbres del aún vigente franquismo- se están produciendo cada día con más frecuencia en nuestro país; el responsable de todos los desahucios que dejan en la calle a cientos de miles de familias; el responsable de la impunidad con que los jueces amparan hoy a políticos corruptos, banqueros mafiosos, torturadores de cuerpos de seguridad del Estado y hasta toreros borrachos… De toda esta situación que vivimos hoy en España es responsable, por ser la máxima autoridad del Estado y no poner medidas correctoras, el rey.

Ante un cuadro clínico tan demoledor como el que padece hoy en día España, la constitución de una alternativa política que evite un caos aun mayor resulta más que urgente. Un gobierno provisional (Alternativa Republicana), constituido por ciudadanos que hayan destacado por su pensamiento antimonárquico y por su posición pública en contra de la injusticia que impera hoy en España, podría servir de transición hacia la legitimización de un nuevo sistema democrático en este país. Los componentes de una alternativa republicana de estas características no recibirían ningún tipo de sueldo, ya que su ejercicio como representantes de una alternativa política digna es una opción personal a la que se sumarían sin esperar ningún tipo de gratificación económica. Como institución de transición que es, este gobierno se extinguiría en un plazo límite de tiempo que no superaría el año, una vez que se hubiera cumplido su objetivo de restablecer la legitimidad republicana en España.

Sus más perentorias actuaciones -tras abolir la monarquía- serían liberar a todos los presos políticos que aún existen en este país, revisar las condenas injustas, declarar nulas de pleno derecho todas las actuaciones de desahucio y despojo de bienes promovidas por los bancos, anular las leyes dictadas contra intereses del pueblo, disolver todos los tribunales que operan hoy en España bajo la autoridad de la corona y procesar a cuantos magistrados hayan colaborado, tanto en la represión y tortura de ciudadanos, como en la violación de derechos humanos y el empobrecimiento sistemático de la población.

Ningún tribunal podría acusar a los componentes de esta alternativa de gobierno de “conspiración contra el Estado”, ya que actuarían a cara descubierta, con todos sus miembros identificados y bajo el derecho de libertad de reunión o asociación que prevé la Constitución española. Resulta impensable que cuando el actual gobierno de España se vea cercado y comprenda que ha llegado su final, declare el estado de sitio (para lo que necesitaría la aprobación de la oposición), imponga la ley marcial y suprima a golpe de fusil los pocos derechos fundamentales que aun le quedan a los españoles. Un paso así significaría la guerra civil y no es nada probable que nuestros “socios europeos” (con la Comisión Europea y el Banco Central a la cabeza) le dieran su aprobación. A fin de cuentas, es el interés económico el único que dirige todas sus actuaciones y el estallido de un conflicto armado en nuestro país llevaría al traste muchos de sus propósitos de inversión.

La lucha por el final de la monarquía y la constitución de este país como república ha empezado ya en las calles de muchas ciudades españolas. Aunque los políticos no la dejen llegar a las instituciones, es inevitable que tarde o temprano la presión social reventará un sistema de gobierno que cada día se basa más en la corrupción, la represión y la violación de derechos humanos.

A la monarquía española no le quedan ni dos años de vida”. Son palabras de uno de los más dignos representantes de la nueva ideología republicana, el coronel Amadeo Martínez Inglés. Si es así, hay que darse prisa en ofrecer alternativas para evitar que la situación traumática que vive la población española llegue hasta un punto sin retorno, a partir del cual las vías pacíficas de cambio no serían factibles ya.

Tomás F. Ruiz

Alternativa Republicana – Londres

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