La función de la Justicia en España

Tomas F. Ruiz.

Periodista

Como sistema consensuado para establecer unas normas básicas de convivencia y regular el comportamiento entre los ciudadanos, el concepto de Justicia se fundamenta en unos valores que le dan su propio sentido. Estos valores están siempre en relación con la filosofía de vida y la percepción de la Justicia que tengan la comunidad, pueblo o nación donde vayan a aplicarse las leyes que emanen de ella.

justicia-2

La función última de las leyes no es otra que establecer un sistema de castigos para que se respeten los valores que conforman la sociedad y se cumplan las normas establecidas. Desde este punto de vista, la Justicia es un sistema coercitivo que tiene como principio fundamental garantizar una convivencia pacífica entre todos aquellos seres humanos que, habiéndolo refrendado, lo hagan suyo. En pocas palabras y resumiendo todos los sistemas judiciales que en el mundo ha habido, esta es la función primordial de la Justicia.

La rigidez o flexibilidad de esas leyes será la que sus creadores le quieran dar. Existen sistemas de justicia implacables que, aún hoy en día, mantienen castigos tan despiadados como la tortura sistemática, la amputación de miembros, la dilapidación pública o la misma pena de muerte. La ley islámica es uno de ellos. Arabia Saudita es un país que mantiene vigente atrocidades de todo tipo en su código penal. Tan preocupadas con que se respeten los derechos humanos en países que no se doblegan ante sus perversos intereses económicos, las naciones de Occidente que se autodenominan “democráticas” y se erigen como gendarmes de la paz en el mundo -liderados, como no, por EE.UU-, mantienen relaciones más que cordiales con éste y otros países islámicos con códigos penales tanto o aún más sanguinarios que los saudíes.

Fundamentos de la Justicia

Uno de los fundamentos que inspiró la justicia en los estados modernos fue el concepto de rectificación del daño cometido, también conocido como “rehabilitación” o reconocimiento de culpa, que concede a los condenados, por muy grave que haya sido su culpa, el beneficio del indulto o la reducción de su condena. Este principio jurídico, basado en el concepto, más o menos religioso, del arrepentimiento del condenado, es uno de los que permite a los sistemas judiciales internacionales erigirse como códigos humanitarios. En la terminología judicial, este arrepentimiento adquiere nombres diversos: rehabilitación, reinserción social o reparación del daño causado.

Que la Justicia nunca puede ser perfecta es también un hecho aceptado y reconocido por cualquier ser humano. Desde este punto de vista, sin embargo, se pueden justificar, como en el caso de la justicia española, sentencias inaceptables y absolutamente injustas que permiten a los delincuentes que cometieron delito –y que por supuesto gozan de especiales privilegios gracias a su prestigio social, su estatus político o, pura y llanamente, gracias a sus recursos económicos- continuar actuando impunemente el resto de su vida y burlarse de las leyes que otros tienen que acatar sumisamente.

En este sentido, ya en el texto precedente se hizo relación a la excarcelación del torero José Ortega Cano, que apenas cumplió un año en la cárcel por homicidio. A este caso de abierta y consensuada “compra de favores” a una jueza, podríamos añadir el no menos vergonzoso del yerno del rey, Iñaki Urdangarin, el de su majestuosa esposa, la princesita “tonta” (que no sabía lo que firmaba y se limitaba a aprobar órdenes de desvío ilegitimo de fondos), el del destronado rey de la banca privada, Miguel Blesa o el del ex director del FMI, Rodrigo Rato. Todos son delincuentes convictos y ninguno ha cumplido pena por sus delitos, tal y como la Justicia española habría hecho pagar a cualquier otro ciudadano.

 

Estado de Derecho

Otro de los argumentos que se proclaman a la hora de negar la prostitución de la justicia es el concepto de Estado de Derecho y la “separación de poderes”, una concepción “democrática” de la Justicia que, supuestamente, rige en nuestra nación española. Lo que se trata de demostrar al público que asiste a este esperpéntico teatro, a esta gran farsa judicial que impera en España, es que en un Estado de Derecho los tres poderes –el legislativo, el ejecutivo y el judicial- están separados y no se influyen mutuamente.

Por supuesto, este argumento es una absoluta patraña tanto aquí, en España, como en cualquier otro lugar del mundo. El sistema judicial de cualquier país está directamente influenciado y manipulado por el Estado, que desde que fue creado como incuestionable sistema de gobierno ha utilizado, tanto al poder ejecutivo (la policía, los cuerpos de seguridad y las fuerzas armadas) como al judicial (tribunales de cualquier instancia), como tentáculos de su poder absoluto. Desde este punto de vista, la tan cacareada independencia de los jueces es una absoluta falacia: los jueces, fiscales, magistrados y todo el aparato judicial que los rodea, sirven inevitablemente al poder político y, lo que es aún más grave, son sistemáticamente manipulados por él para conseguir sus maquiavélicos propósitos.

Hace poco hemos vivido en nuestro país el cuarenta aniversario de uno de sus más indignantes y vergonzosos casos de asesinato político. El fusilamiento de los cinco presos antifranquistas que se produjo el 27 de septiembre de 1975 fue firmado y refrendado tanto por Franco, como por todos los ministros de su gobierno. Todos ellos, junto con los policías y guardias civiles que formaban el piquete de ejecución y apretaron el gatillo, participaron en una instrumentalización de la justicia para dar forma oficial a un crimen que estremeció al mundo entero. Hoy en día, cuatro décadas después, la justicia española sigue sin sentar en el banquillo de acusados a ninguno de estos asesinos.

España es uno de los internacionalmente reconocidos como países “democráticos” donde recientemente ha quedado más en evidencia este hecho de que la justicia es una vulgar prostituta, un sistema corrupto utilizado por los aparatos del Estado para servir fielmente a intereses políticos ajenos por completo a sus consustanciales objetivos.

El desengaño en la justicia española

Nuestra propia experiencia, remitiéndonos a la actual situación de cómo se encuentra la Administración de Justicia en España, debería de servir como prueba incuestionable de cómo los sistemas judiciales se doblegan ante los intereses de las élites del poder y de las clases dirigentes.

Si cualquier contertulio, en cualquier tipo de charla, pública o privada, sea un programa de televisión, una conferencia o una mesa redonda, se atreve a soltar la frase “Que se haga justicia”, las sonrisas irónicas serán a partir de ahora la nota dominante. Todos saben que jueces y magistrados sirven a intereses que nada tienen que ver con sus principios institucionales. Sin embargo, ninguno se atreverá a proclamarlo en público. Seamos realistas y reconozcamos que en España la Justicia no existe. Todo un sistema judicial formado por jueces corruptos, peritos y médicos forenses vendidos al mejor postor, fiscales que se ocupan de castigar sólo a aquellos que no disponen de recursos para comprarlos y abogados que trastocan la realidad en su propio beneficio, ha convertido nuestro sistema judicial en un consensuado lupanar donde cuanto más dinero -o influencias- se inviertan, mejores resultados se obtienen.

Sin embargo, a los políticos españoles no se les caen de la boca frases como “Dejemos que los jueces hagan justicia” o “No nos inmiscuyamos en la labor de los magistrados”, incluso la de “Respetemos el funcionamiento de la justicia”… No puede haber comportamiento más hipócrita entre los miembros de la clase política española que recurrir a este tipo de irrisorios tópicos que ya no provocan más que indignación y repulsa entre una población que ha dejado de creer en la Justicia.

Prolongar un sistema judicial ya condenado a muerte

 

En realidad resulta incomprensible que todo este sistema judicial de aparente inviolabilidad siga funcionando en un país donde la Administración de Justicia ha perdido todo su prestigio social y sólo sirve para prolongar la agonía de un Estado basado en la desigualdad, el abuso de poder y la impunidad para cometer todo tipo de tropelías. Por muy crédula e ingenua que sea, los datos revelan que la sociedad española hace ya tiempo que dejó de creer en sus sistemas judiciales.

La Justicia que se aplica hoy nuestro país no tiene otra función que  garantizar el saqueo de los omnipotentes bancos y las poderosas sociedades financieras, prolongar indefinidamente la violación sistemática de derechos humanos que cometen los aparatos represivos del Estado y mantener el insostenible status de la clase política y de su decadente e irrisorio símbolo: la ilegítima monarquía española. El sistema judicial español, con todo su inoperante saco roto de leyes, está irremisiblemente condenado a muerte.

Parafraseando una frase legendaria del final de la Segunda guerra mundial que aquí puede perfectamente aplicarse a jueces, magistrados y demás miembros del aparato judicial español: “Nunca tan pocos hicieron tanto daño a tantos”. Y lo que es peor, a sabiendas de que gozan de absoluta impunidad y convencidos de que nunca serán juzgados por sus delitos.


Alternativa Republicana no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.

Deja un comentario