¡Viva la I República, mientras llega la III!

Arturo del Villar.

Presidente del Colectivo Republicano Tercer Milenio.

OPINAN los estrictos constitucionalistas que fue ilegal la proclamación de la República Española al finalizar el día 11 de febrero de 1873. Basan este dictamen en la prohibición expresada en el artículo 47 de la Constitución entonces vigente, aprobada el 1 de junio de 1869, cuando el trono se hallaba vacante tras la expulsión de Isabel II con su corte de los milagros. Dice así: “Los Cuerpos colegisladores no podrán deliberar juntos ni en presencia del Rey.”

Sin hacer caso de esa prohibición, el presidente del Congreso, Nicolás María Rivero, dirigió un escrito al del Senado, Laureano Figuerola, proponiéndole una reunión conjunta de ambas cámaras, para constituirse en Asambleas Nacional. Era, efectivamente, un acto anticonstitucional, pero la situación exigía tomar medidas urgentes para solucionar el vacío de poder causado por la abdicación de Amadeo I.

El rey no había logrado la aceptación de los españoles. Los curas y frailes incitaban al pueblo contra él, porque su padre, Víctor Manuel II, consiguió la unificación de Italia tras quitar al obispo de Roma sus Estados Pontificios. Adoctrinada de esa manera, la masa inculta le apodaba Macarroni, y rechazaba que fuese extranjero, como si los borbones no fueran franceses llegados a reinar en el siglo anterior después de una guerra que asoló al país, y no hubieran continuado provocando nuevas guerras civiles más, la última activa en ese momento, por disputarse el trono dos de sus ramas. Los partidarios de cada una de ellas coincidían únicamente en oponerse a la nueva dinastía saboyana, partidarios unos del hijo de la golfísima ex–reina exiliada y otros de su primo el tradicionalista integrista bendecido por la clerigalla. Y a los republicanos, como es lógico, les repelía cualquier clase de monarquía, pero sobre todo la borbónica, después de todas las corrupciones acumuladas a lo largo de su decadente historia.

La abdicación

Ya el día 8 Amadeo anunció al Consejo de Ministros su intención de abdicar, porque no entendía a los españoles, ni los españoles a él, no precisamente a causa de los diferentes idiomas que hablaban, sino por disparidad de costumbres y de educación. El 10 una multitud de madrileños recorrió las calles de la capital, vitoreando a la República, al mismo tiempo que el Congreso elegía una comisión permanente de 50 diputados, para que actuaran según lo aconsejasen las circunstancias.

A las 13.30 del día 11 se hizo oficial la abdicación de Amadeo I, que además salió de Madrid inmediatamente con su familia. Fue entonces cuando Rivero pidió a Figuerola que los senadores se trasladasen al Congreso, para integrarse ambas cámaras en Asamblea Nacional, pese a lo dispuesto en el artículo 47. Un acto ilegal, según los constitucionalistas. Sin embargo, el artículo 44 prescribía: “Las Cortes se reunirán necesariamente luego que vacare la Corona o que el Rey se imposibilitare de cualquier modo para el gobierno del Estado”, y según el artículo 38, “Las Cortes se componen de dos Cuerpos colegisladores, a saber: Senado y Congreso”, por lo que cabe interpretar holgadamente la conjunción de los tres artículos.

Vacante el trono por decisión del rey, el Congreso y el Senado debían reunirse, cada uno en su sede oficial, y comunicarse sus deliberaciones mediante el telégrafo o el escrito llevado por los ujieres. Un proceso dilatorio en aquellos momentos en que se precisaba una decisión urgente. Por eso se acordó constituir la Asamblea Nacional como mejor medida. Ante ella Cristino Martos, ministro de Estado, en nombre del Gobierno, presentó la dimisión del gabinete en pleno. De esa manera, la única autoridad existente en España era la Asamblea Nacional.

Proclamación de la República

Diputados y senadores se pasaron la tarde discutiendo, y al final se aprobó una fórmula leída por Francisco Pi y Margall a las doce de la noche: “La Asamblea Nacional reasume todos los poderes y declara como forma de gobierno la República, dejando a las Cortes Constituyentes la organización de esta forma de gobierno. Se elegirá por nombramiento de las Cortes un Poder Ejecutivo que será amovible y responsable ante las Cortes mismas.”

La resolución fue aprobada por 256 votos favorables, frente a sólo 32 en contra. Parece que debe aceptarse como legal, dada la inmensa mayoría de los votos favorables recibidos, si creemos en los valores de la democracia. Después se procedió a elegir al Poder Ejecutivo, es decir, el Gobierno, presidido por Estanislao Figueras y compuesto por cinco radicales y cuatro republicanos. Y a la media noche se levantó la sesión histórica que implantó la República en España. Conviene aclarar que la I República no tuvo presidentes, porque no se llegó a aprobar una Constitución. Suele designarse erróneamente presidentes de la República a quienes lo fueron del Poder Ejecutivo.

El momento era realmente histórico, sin precedentes en los que basarse para la toma de decisiones. Aquellas Cortes derivadas de las elecciones celebradas el 24 de agosto de 1872, estaban dominadas por los radicales, con 274 diputados, seguidos a mucha distancia por los republicanos con 79, con mayor lejanía todavía por los progresistas con catorce, y un grupo residual de nueve escaños ocupados por los nostálgicos monárquicos, partidarios del exiliado Alfonso ilegalmente apellidado de Borbón, porque solamente lo era por parte de su golfa madre. Resultaba muy difícil acordar ideologías tan distantes, pero la necesidad obligaba a buscar un acuerdo urgente para solucionar el vacío de poder en la Jefatura del Estado. A los españoles no parecía preocuparles el asunto: las elecciones de 1872 representaron una abstención del 54 por ciento de los posibles votantes. Ni la mitad siquiera del censo se acercó a las urnas. El pueblo estaba muy harto de sufrir toda clase de penalidades impuestas por los políticos, durante todo el reinado de la fatídica dinastía borbónica.

¿Fue una reunión ilegal?

Admitamos que la constitución de la Asamblea Nacional fue ilegal. Pero sea constatación no puede alegarse contra el acuerdo adoptado, al tener en cuenta que era ilegal toda la historia entera de los borbones españoles, desde el primero de ellos, Felipe V, nacido y educado en Francia, que nunca aprendió a hablar el castellano, y desconocía la historia, la geografía, la cultura y las costumbres españolas, por lo que ni siquiera se le puede considerar español.

Además estaba loco, hasta el extremo de mantenerlo encerrado en una habitación, de modo que no se le debía permitir reinar, por hallarse notoriamente incapacitado para tomar decisiones. Lo mismo le sucedía a su hijo y sucesor Fernando VI. Le sucedió Carlos III, enfermo crónico de melancolía, que dejó el gobierno de la nación en manos de validos. Al ser su primogénito subnormal profundo le sucedió el segundo hijo, Carlos IV, un tarado con toda clase de lacras, que abdicó en su hijo Fernando VII, y ambos lo hicieron voluntariamente a favor del emperador Napoleón Bonaparte, quien cedió el trono a su hermano José. Ahí debió terminar la dinastía borbónica, pero el pueblo español rechazó a José I porque era un extranjero, como si los borbones no lo fueran también. Con la diferencia a favor de José de estar cuerdo y civilizado.

Tras una guerra absurda para coronar a Fernando VII, sus vasallos se arrepintieron enseguida de haberla librado, porque resultó un criminal que mereció el desprecio de los militares y del pueblo. Las numerosas conspiraciones contra su absolutismo fueron resueltas con la invasión francesa de los llamados cien mil hijos de san Luis, que le devolvieron el poder absoluto para seguir firmando muertes de sus vasallos inconformistas. No hace falta decir que ese acto, derivado de una invasión militar extranjera, merece el único calificativo de ilegal. Lo incomprensible es que el pueblo español se enfrentara en 1808 a los soldados franceses de José I, y recibiese alborozado en 1823 a los soldados franceses garantes del absolutismo del genocida Fernando VII. Por su culpa España se hundió en la llamada década ominosa, una de las más trágicas padecidas en la trágica historia de España. Y lo más repulsivo es que contaba con el apoyo de numerosos eclesiásticos, militares y civiles.

Sucesivas ilegalidades con Isabel II

A su muerte se originó una guerra civil, que empobreció más todavía a la ya depauperada nación, entre los partidarios de su hija Isabel y los de su hermano Carlos. Durante la minoría de edad de Isabel ocupó ilegalmente la regencia del reino su madre, María Cristina de Borbón, tan corrupta como todos los borbones. No podía ser regenta por haberse casado con un guardia de su escolta, de modo que dejó de ser reina viuda. Sin embargo, los ministros y la oposición hicieron como que no se enteraban de sus sucesivos embarazos, y mantuvieron la ficción de su viudez. El pueblo, en cambio, se desquitó con coplas y chascarrillos alusivos a la exviuda y su garañón.

El general Espartero se hartó de los negocios fraudulentos emprendidos exitosamente por la pareja, y los envió al exilio en Francia, para desempeñar él la regencia. Fue un acto ilegal, emanado de un golpe de Estado militar, que ponía fin a una situación igualmente ilegal. Pero también el comportamiento de Espartero resultó impropio de un dirigente democrático, por lo que sus compañeros de armas le invitaron a exiliarse en Inglaterra.

Entonces se consumó otra ilegalidad: las Cortes acordaron proclamar mayor de edad a Isabel II, en contra de lo dispuesto en la vigente Constitución de 1869, puesto que le faltaba un año para cumplir los 14 exigidos. En sesión conjunta del Congreso y el Senado, el 8 de noviembre de 1843 fue declarada ilegalmente la mayoría de edad de la reina.

¿Quién se atreverá a juzgar ilegal, considerando estos antecedentes de sucesivas ilegalidades, la proclamación de la República Española? ¿Por qué se ha de aceptar la votación conjunta del Congreso y el Senado en 1843, y en cambio rechazar la de 1873?

La Gloriosa Revolución

El nefasto reinado de Isabel II superó en corrupción a todos los anteriores juntos, aunque no llegó a cometer los crímenes de su padre, en el supuesto de que lo fuera, porque es lógico dudar de la honestidad de Maria Cristina, conocida su historia. Por eso los militares y el pueblo unidos proclamaron la Gloriosa Revolución el 18 de setiembre de 1868 y la enviaron a Francia, en donde vivió con excesivo lujo el resto de su vida, porque se llevó las joyas de la Corona, que no eran suyas, y tenían sustanciosas cuentas en bancos extranjeros. ¿Fue lícito el golpe de Estado de 1868? Un constitucionalista asegurará que eso no es posible jamás, y por ello ha de calificarse como ilegal todo el período posterior, cuando se elaboró la nueva Constitución y se proclamó rey al italiano Amadeo de Saboya.

Fue un monarca efímero, que abdicó y huyó de Madrid a toda prisa, harto de los españoles, con los que nunca legó a entenderse. Con el trono vacante y sin sucesión, se imponía tomar alguna medida urgente que resolviera el problema. Era impensable el regreso de Isabelona, según la conocían sus vasallos. A su hijo adulterino Alfonso, apodado El Puigmoltejo por los apellidos de su verdadero padre biológico, no lo quería nadie, al sospechar que habría heredado las lacras de su golfísima madre, como así era, en efecto. Su hermana, casada con el francés Montpensier, quedó descartada después de resultar su marido vencedor en un duelo que causó la muerte a un infante. La candidatura de otro rey importado se había hecho inútil, ante el mal resultado de la anterior.

Ante esta situación extraña, parecía la solución más lógica inaugurar una nueva etapa en la historia de España, con la proclamación de la República. Es que no se vislumbraba otra, y sería ocioso hacer historia ficción, proponiendo soluciones no encontradas por diputados y senadores. El último recurso fue la apelación a la República, para estrenar un sistema inédito hasta entonces en la historia de España.

Una República incógnita

Las prisas impidieron ajustar los condicionantes republicanos. Había que resolver el vacío aquel mismo 11 de febrero, y en consecuencia se aprobó una resolución muy inconcreta. Según la leyó Pi y Margall, por el momento solamente se proclamaba la República, “dejando a las Cortes Constituyentes la organización de esta forma de gobierno”. Es decir, se aplazaba la verdadera decisión de formalizar el nuevo régimen, de modo que la solución quedaba incompleta. Es probable que debido a ello se acumularan las críticas al nuevo régimen, porque al parecer el pueblo había confiado excesivamente en que llegaba con la solución de todos los conflictos en sus manos, y pretendía verlos ejecutar inmediatamente.

Por si fuera poco, el momento sociopolítico resultaba el peor de los posibles para poner en marcha un sistema inédito. Quizá debido a la inconcreción del acuerdo, los republicanos impacientes comenzaron inmediatamente a causar desórdenes públicos. Hubo motines, huelgas, muertos, juntas revolucionarias, cantones y anarquismo al mismo tiempo. Los catalanes aprovecharon la oportunidad para proclamar inmediatamente el Estat Catalá el mismo día 12, sin esperar a ver cómo se desenvolvía la República. Tanto el presidente del Poder Ejecutivo, Figueras, como el ministro de la Gobernación, Pi y Margall, eran barceloneses de nacimiento, pero sus paisanos parece que no confiaban mucho en ellos.

El ejército nacional seguía combatiendo contra los sublevados carlistas, que vieron en la proclamación de la República un acicate para insistir en su guerra contra los partidarios de Isabel II, aunque ya no reinaba: ellos querían implantar su monarquía tradicionalista a sangre y fuego. Los independentistas cubanos mantenían una guerra contra España desde 1868, para librarse del colonialismo asfixiante. Los militares continuaban luchando contra los declarados enemigos, pero en su mayor parte defendían ideas monárquicas, de manera que el cambio de sistema no les había gustado, como no tardarían mucho en demostrarlo.

La Iglesia catolicorromana estuvo siempre cercana al carlismo, aunque transigió con la regencia y la monarquía isabelina para mantener sus privilegios. Con la República no quiso pactar, sino que desde el primer momento le declaró su guerra, santa, por supuesto, para exterminarla.

Por su parte, los radicales, los progresistas, y desde luego los monárquicos alfonsinos y carlistas conspiraban a diario contra el régimen recién nacido. Las noticias difundidas por las agencias internacionales sobre los sucesos españoles causaban estupefacción, por lo que solamente Suiza y los Estados Unidos de América reconocieron a la República Española.

El Estado en ruinas

Como remate de todo ello, la economía nacional se hallaba en crisis perpetua, desde hacía siglos, aunque la República incitó a los llamados nobles, terratenientes, banqueros y burgueses adinerados a colocar sus capitales en bancos extranjeros. En consecuencia, el paro laboral era imparable, si así puede decirse, con lo que se extendía el descontento popular, vehiculado hacia los gobernantes republicanos, aunque ninguna de esas situaciones fuera debida a su política recién nacida. El Tesoro se hallaba completamente vacío, hasta el punto de dejar de pagarse la Deuda Pública. Nadie prestaría un céntimo a un país en crisis total, con guerras empobrecedoras y sin apoyo interior.

Todo, en consecuencia, confluyó para dificultar el estreno de la República, que no parecía gustar ni a los republicanos. Según costumbre cainita en la izquierda española, los republicanos se hallaban enfrentados en grupos inconciliables. Nadie odiaba más a los republicanos federales que los republicanos unitarios, pero además los federales se habían escindido en secciones opuestas. Los cuatro presidentes sucesivos del Poder Ejecutivo, Figueras, Pi, Salmerón y Castelar, no se entendían entre ellos, de modo que no podían esperar ninguna colaboración de los que debieran ser sus colegas.

La experiencia concluyó en un nuevo golpe de Estado militar, de los que está jalonado todo el siglo XIX español. Hemos de reconocer que la República fracasó por culpa de todos, incluidos los republicanos. Y lo peor es que la mala experiencia no sirvió para aleccionar a nadie. Pese a ello, con esperanza, debemos gritar: ¡Viva la República Española! Hasta la peor de las repúblicas es preferible a una monarquía, cúmulo de todas las corrupciones, como sabemos muy bien por triste experiencia.


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