Resolución del III Congreso Federal.
La fulminante caída del gobierno afgano sostenido por Estados Unidos y sus aliados ante los talibán ha supuesto uno de los mayores fracasos geopolíticos de la reciente historia mundial, y evidenciado la hipocresía de amplios sectores políticos de las llamadas sociedades occidentales.
Así, los mismo que durante los 20 años de intervención militar manifestaban que su finalidad era llevar la democracia y el respeto a los derechos humanos a Afganistán, reconocen ahora que los objetivos de la intervención se limitaban a proteger a Estados Unidos y a sus intereses.
Ello nos sitúa en un escenario comparable al de mediados de los años setenta, en que los estadounidenses y posteriormente Reino Unido y Pakistán financiaron a los integristas islámicos buscando socavar el régimen de Daud primero y el del PDPA después como forma de golpear a los intereses soviéticos, sin considerar en ningún momento otros factores.
En el proceso de guerra eterna impuesto a Afganistán, ha parecido no importar el daño causado a millones de civiles afganos y particularmente a las mujeres, sino satisfacer los intereses de las grandes potencias, aunque para ello se hayan alimentado a extremistas de todo pelaje y condición.
En el actual contexto, en el que la retirada occidental se ha visto acompañada del acceso de los talibán a un innumerable arsenal de armamento que garantiza su transformación de movimiento terrorista e insurgente en organización militar, asistimos también a un descarado intento de blanqueamiento por los medios oficiales en el que se pretende una supuesta moderación que garantizaría que las mujeres podrían acceder a cierta educación, sanidad y empleo.
La realidad, nos tememos, es que la necesidad de acceder a las materias primas que atesora Afganistán, incluyendo las escasas tierras raras imprescindibles para la fabricación de determinados componentes electrónicos, han llevado a que las potencias hayan considerado que resulta más acorde a sus intereses y menos costoso dejar el país en manos de los talibán. Los integristas serán así eficaces capataces para la explotación del territorio a los que, a diferencia del supuesto gobierno democrático afgano, no cabrá exigir respeto a los derechos fundamentales, sino que bastará con protestar cínicamente por un lado mientras por otro fluye la actividad económica en un ejercicio de cínico realismo político.
Por ello, Alternativa Republicana considera que no solo debe prestarse la mayor asistencia posible a la población civil afgana, particularmente las mujeres que corren un especial peligro bajo la tiranía talibán, sino implementar medidas económicas y diplomáticas que a corto plazo garanticen el respeto a los elementales derechos humanos y desincentiven cualquier intento de normalización de un régimen integrista.