Categorías
Resoluciones

Sobre familias monoparentales

Resolución del III Congreso Federal.

La mujer, la maternidad, la infancia y adolescencia, se deben proteger y cuidar pues son el presente y futuro.

La Constitución del 1931 de la Segunda República, reconoció a las mujeres como ciudadanas de pleno derecho, para luego retroceder con la dictadura y el nacionalcatolicismo, en la que se dio la trama de robo de bebés de muchas madres solteras, para, finalmente, una vez recuperada la democracia, volver a garantizar derechos civiles y políticos de las mujeres, si bien este reconocimiento no se ha producido con los derechos que deberían gozar en un plano de igualdad legal.

Se contabilizan 2 millones de familias monoparentales, de estas un 80% están encabezadas por mujeres. La monoparentalidad debe reconocerse legalmente como tal, incluso con carácter temporal (solo durante una etapa de la vida. Como la viudedad, divorcios y separaciones, abandonos, madres solteras, adopción, cárcel, inseminación in vitro, violencia de género…)

La mujer ha accedido a un pleno derecho desde los cambios de mediados del siglo XX. Ha conquistado su libertad y el control de su cuerpo. Los medios anticonceptivos están al alcance de todos, el aborto se ha legalizado en muchos países y las personas planifican la natalidad. El feminismo ha hecho bandera de esta conquista. Así las cosas, actualmente ser una familia monoparental no es una inmoralidad, una condena o una desgracia, es una opción en unos casos, y ha sobrevenido en otros, pero sobretodo la maternidad es feminismo y merece y debe estar en la agenda Feminista y en la de la clase gobernante, y tenerse muy en cuenta. Aún hoy día vemos que nos movemos en un entramado en el que prima el patriarcado, el capitalismo sexista y biparental.

Necesitamos una definición institucional homogénea de familia monoparental aplicable a todo el territorio nacional. Solo 6 de las 17 comunidades autónomas tiene, una ley o norma que tenga en cuenta a las familias monoparentales y con una cobertura absolutamente insuficiente. Desde el año 2009, el tejido asociativo de familias monoparentales, viene señalando la necesidad de que se apruebe una Ley Estatal de Familias Monoparentales que cree un marco jurídico y legal claro y que ampare la realidad plural y diversa. Un marco que defina de forma inequívoca y única a la familia monoparental en función de que existe una crianza en solitario por parte de la madre o del padre o tutores legales de las y los hijos.

Los estados democráticos deben garantizar la protección de la mujer y la infancia desde políticas públicas integrales, y no desde el “asistencialismo” y la limosna. Precisamos políticas activas, reconocimiento de la necesidad de conciliar con la vida laboral. Necesitamos ayudas específicas y concretas para necesidades específicas y concretas de las Familias Monoparentales. Reivindicación en ayudas a vivienda pública. Reivindicamos una ley integral y estatal que las proteja: vivienda, educación a todos los niveles, empleo, conciliación, políticas fiscales, sanidad, legislación.

De la normativa de las comunidades autónomas destacamos la ley valenciana que es la comunidad autónoma que ha promulgado una ley más ambiciosa. Decreto 19/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el reconocimiento de la condición de familia monoparental.

Entre las ayudas que a las que tienen derecho las familias monoparentales en la Ley valenciana destacamos:

  • Deducciones en matrículas universitarias y de formación profesional.
  • Deducciones en el tramo autonómico del IRPF.
  • Puntos para la elección de centro educativo y becas de comedor.
  • Prioridad en ayudas al alquiler.
  • Descuentos en espacios culturales, transporte, Metro-Valencia y Tranvía, entre otros.

Necesitamos una ley racional, ética, feminista, crítica y plural. Una ley de impulso a los hijos de estas familias para que no pierdan oportunidades por su familia de origen. El actual marco normativo autonómico y municipal no contribuye a dar visibilidad y normalidad a una estructura familiar vulnerable en muchos casos, especialmente susceptible de sufrir situaciones de pobreza y exclusión.

Involucración de los tres niveles administrativos responsables de financiar, organizar y activar las políticas públicas sociales: – Nivel estatal, a través de la Administración del Estado – Nivel autonómico, a través de las comunidades autónomas – Nivel municipal, a través de los ayuntamientos y las corporaciones locales. Se generan muchas desigualdades en cada comunidad autónoma y municipio, y se evidencia la desigualdad que sufre este colectivo frente a los modelos biparental y numerosas que cuentan con lobbys potentes.

Actualmente, Podemos está elaborando una ley de diversidad familiar, la federación de asociaciones de madres solas han sido consultadas y han recopilado sus demandas. Habrá que ver cuán efectivo sea el resultado. Iré informando.

Nuestra reivindicación principal a considerar por Alternativa Republicana:

Por una Ley Integral y Estatal de Familias Monoparentales emanada de valores Republicanos: Libertad, Igualdad, Fraternidad para el Colectivo de Familias Monoparentales.

Categorías
Resoluciones

Sobre alianzas electorales

Resolución del III Congreso Federal.

Se propone la existencia de una línea de actuación como estrategia de alianzas electorales de cara a próximas convocatorias para cualquier nivel de la Administración que cumpla con las siguientes características:

  1. Este Congreso encomienda a la nueva ejecutiva la elaboración de una agenda y calendario de objetivos para que sea presentada, aprobada, enmendada o rechazada en su caso por el primer Comité Federal ordinario tras este Congreso.
  2. La Agenda de acción política elaborada por la Ejecutiva Federal y aprobada por el primer Comité ordinario tras el Congreso será permanentemente fiscalizada por los sucesivos Comités Ordinarios entre Congresos.
  3. Alternativa Republicana declara como máxima prioridad política la proclamación de la República.
  4. Alternativa Republicana se compromete a trabajar por la consecución de la República por una vía democrática manifestando todo proceso electoral en el que concurra bien en solitario o en coalición como un proceso electoral plebiscitario.
  5. Alternativa Republicana se compromete a defender e impulsar la máxima inclusión de derechos sociales en el proceso constituyente ulterior a la proclamación de la III República.
  6. Alternativa Republicana se verá facultada para impulsar cualquier acuerdo de coalición electoral con otras formaciones políticas siempre y cuando aquellas manifiesten su adhesión a los puntos 3 y 4 y sean respetuosas con los valores democráticos, de igualdad y federalismo que definen nuestra organización.
  7. Alternativa Republicana se verá facultada para impulsar cualquier acuerdo de coalición electoral con otras formaciones políticas una vez proclamada la III República siempre y cuando estas formaciones sean respetuosas con el punto 5.
  8. La agenda y calendario estratégico diseñado por la nueva ejecutiva deberá contener en todo caso objetivos y propuestas de desarrollo en contenido sobre los puntos anteriores.
Categorías
Resoluciones

Sobre Afganistán

Resolución del III Congreso Federal.

La fulminante caída del gobierno afgano sostenido por Estados Unidos y sus aliados ante los talibán ha supuesto uno de los mayores fracasos geopolíticos de la reciente historia mundial, y evidenciado la hipocresía de amplios sectores políticos de las llamadas sociedades occidentales.

Así, los mismo que durante los 20 años de intervención militar manifestaban que su finalidad era llevar la democracia y el respeto a los derechos humanos a Afganistán, reconocen ahora que los objetivos de la intervención se limitaban a proteger a Estados Unidos y a sus intereses.

Ello nos sitúa en un escenario comparable al de mediados de los años setenta, en que los estadounidenses y posteriormente Reino Unido y Pakistán financiaron a los integristas islámicos buscando socavar el régimen de Daud primero y el del PDPA después como forma de golpear a los intereses soviéticos, sin considerar en ningún momento otros factores.

En el proceso de guerra eterna impuesto a Afganistán, ha parecido no importar el daño causado a millones de civiles afganos y particularmente a las mujeres, sino satisfacer los intereses de las grandes potencias, aunque para ello se hayan alimentado a extremistas de todo pelaje y condición.

En el actual contexto, en el que la retirada occidental se ha visto acompañada del acceso de los talibán a un innumerable arsenal de armamento que garantiza su transformación de movimiento terrorista e insurgente en organización militar, asistimos también a un descarado intento de blanqueamiento por los medios oficiales en el que se pretende una supuesta moderación que garantizaría que las mujeres podrían acceder a cierta educación, sanidad y empleo.

La realidad, nos tememos, es que la necesidad de acceder a las materias primas que atesora Afganistán, incluyendo las escasas tierras raras imprescindibles para la fabricación de determinados componentes electrónicos, han llevado a que las potencias hayan considerado que resulta más acorde a sus intereses y menos costoso dejar el país en manos de los talibán. Los integristas serán así eficaces capataces para la explotación del territorio a los que, a diferencia del supuesto gobierno democrático afgano, no cabrá exigir respeto a los derechos fundamentales, sino que bastará con protestar cínicamente por un lado mientras por otro fluye la actividad económica en un ejercicio de cínico realismo político.

Por ello, Alternativa Republicana considera que no solo debe prestarse la mayor asistencia posible a la población civil afgana, particularmente las mujeres que corren un especial peligro bajo la tiranía talibán, sino implementar medidas económicas y diplomáticas que a corto plazo garanticen el respeto a los elementales derechos humanos y desincentiven cualquier intento de normalización de un régimen integrista.

Categorías
Resoluciones

Sobre el Sáhara Occidental

Resolución del III Congreso Federal.

Ante la situación en el Sáhara Occidental, territorio pendiente de descolonización ocupado ilegalmente por el Reino de Marruecos, Alternativa Republicana manifiesta su solidaridad con el pueblo saharaui y la firme defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional.

La salida del territorio en 1975 y la firma de los acuerdos tripartitos de Madrid por el régimen franquista supusieron una flagrante violación del Derecho Internacional y el abandono de miles de saharauis que no solo fueron privados de la nacionalidad española que hasta entonces tenían, sino dejados a merced de la violencia del ejército y colonos marroquíes. Y todo ello en una operación en la que el gobierno y autoridades del régimen, haciendo una clara dejación de las funciones que correspondían a la luz del Derecho Internacional como potencia administradora del territorio, olvidaron sus deberes y vulneraron los derechos de los saharauis, con la única finalidad de atender a determinados intereses particulares opuestos a los de la población del territorio y a los de España.

El Plan de arreglo alcanzado entre las partes en 1991 y la Resolución 690/1991 del Consejo de Seguridad de la ONU preveía la celebración de un referéndum de autodeterminación en 1992, que nunca se ha celebrado por las reiteradas negativas del Reino de Marruecos, cuyas elites, además de saquear las riquezas del territorio, han hecho de la supuesta marroquinidad del Sáhara una cortina de humo chovinista bajo la que ocultar su corrupción y la miseria en la que han sumido al pueblo marroquí.

La crisis del Guerguerat, provocada por la alteración unilateral del status quo por Marruecos, primero mediante la instalación de un puesto en Guerguerat incumpliendo el Acuerdo Militar nº 1 de 1997; luego utilizando dicho puesto como zona de tráfico ilegal de productos entre el territorio ocupado y Mauritania; y finalmente, atacando con sus fuerzas armadas a un grupo de civiles saharauis que protestaban pacíficamente, conllevó una ruptura del alto el Fuego por Marruecos y la vuelta a las armas del ejercito saharaui.

En este marco, Marruecos, sostenido inicialmente por la Administración Trump e Israel, ha incrementado la persecución de los activistas saharauis en los territorios ocupados, atacado a civiles en los territorios liberados y ha desarrollado una evidente política de amenaza y agresión no solo hacia los saharauis sino hacia otros estados como Argelia, España y Alemania.

Por ello, denunciamos la política de agresión marroquí y la hipocresía y debilidad, cuando no colaboración, de las instituciones españolas y europeas frente a la tiranía de El Majzen y nos comprometemos a impulsar la causa saharaui desde el debate público, con la firme promesa de promover desde el poder político cuando la República Española sea restaurada un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental que garantice al pueblo saharaui el libre ejercicio de su derecho inalienable a la autodeterminación, tal y como ha establece la Resolución 1514 (XV) de las Naciones Unidas, que afirma el derecho de los pueblos colonizados a alcanzar una independencia completa, mediante consulta a su población.