Mientras Ceuta y Melilla atravesaban la crisis fronteriza más grave de las últimas décadas, con varias decenas de personas muertas, la respuesta de Felipe VI se ha limitado a un comunicado escrito difundido por la Casa Real desde Palma y a una serie de llamadas telefónicas al presidente del Gobierno, a los presidentes de Ceuta y Melilla y al líder de la oposición. El Jefe del Estado no se ha desplazado a ninguna de las dos ciudades autónomas.
Alternativa Republicana constata además que estas declaraciones eluden toda mención al régimen marroquí y a su principal valedor Estados Unidos, y tras meses de silencio institucional de la Corona sobre la situación migratoria en la frontera sur, silencio roto únicamente cuando la magnitud de los hechos y la presión mediática hacían insostenible no pronunciarse.
Y conviene no olvidar de dónde viene esa magistratura. La Monarquía española actual no nace de la voluntad popular, sino de la Ley de Sucesión de 1969, por la que el dictador Franco designó a Juan Carlos de Borbón como su sucesor «a título de Rey». Nunca hubo un referéndum que preguntara a los españoles si querían Monarquía o República; hubo un referéndum sobre una Constitución ya redactada con la Corona como punto de partida no negociable. Una institución que nace por designación de un dictador, no por voluntad popular, no gana legitimidad democrática por el mero paso de las décadas.
Esa genealogía explica también su función geopolítica. La restauración borbónica se gestó como garantía de continuidad y estabilidad para los mismos intereses occidentales que desde los Pactos de Madrid de 1953 habían sostenido al franquismo a cambio de bases militares en territorio español.
Setenta años después, esas mismas bases y esa misma lógica de subordinación a Washington siguen ahí, y la Corona sigue sin plantear una sola objeción a un modelo de política exterior que hoy, con Trump en la Casa Blanca y la derecha española jaleándolo, convierte a España en furgón de cola de intereses que no son los suyos. Una Jefatura del Estado impuesta desde el franquismo y tutelada desde fuera no puede erigirse en árbitro neutral de la soberanía nacional que hoy se juega, precisamente, en Ceuta y Melilla.
Esta actitud ante la crisis fronteriza no es, por tanto, un fallo personal de Felipe VI sino la lógica inevitable de una institución que la Constitución declara inviolable y exenta de responsabilidad. Se puede expresar «preocupación e indignación» por escrito, sin viajar, sin comparecer, sin responder a una sola pregunta, precisamente porque no hay mecanismo alguno que exija al Rey rendir cuentas de su actuación, activa o pasiva, ante la ciudadanía. La irresponsabilidad jurídica del Monarca se traduce, en los hechos, en irresponsabilidad política.
Frente a este modelo, Alternativa Republicana reivindica una Jefatura del Estado electiva, temporal y sometida a responsabilidad política y, en su caso, penal. Esta magistratura no tendría la opción de limitarse a un comunicado de prensa ni de heredar lealtades ajenas a la voluntad popular. Tendría la obligación de personarse, de dar la cara y de responder ante la ciudadanía por su gestión, exactamente igual que cualquier otro cargo público en democracia.
